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viernes, 19 de diciembre de 2008

ENTREVISTA AL DOCTOR CARLOS RAMOS NUÑEZ



El doctor Carlos Ramos Núñez connotado escritor y abogado; ganador del premio Ricardo Zorraquín Becú, correspondiente al trienio 2001-2003 otorgado por el prestigioso Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, de la Ciudad de Buenos Aires ; por su libro titulado “Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX.”; accedió amablemente a una entrevista realizada por nuestro Centro de Investigación Jurídica Iuris Veritatis; la cual para deleite de nuestros lectores la publicamos a continuación:



1.- ¿Cuál de todas sus obras es la más valiosa para usted?

Quizás, por el esfuerzo que me demanda, sea la Historia del Derecho civil peruano. Siglos XIX y XX, pero esa decisión, como ocurre con cualquiera libro, le corresponde al lector como destinatario e intérprete que al autor. Sucede lo mismo con un texto literario. La preferencia que cuenta es la de quienes nos leen. El problema es que no siempre sucede eso, ya sea por desidia, imposibilidad o preferencias intelectuales. Por otro lado, existen amores transitorios como me ocurre con Toribio Pacheco, jurista del siglo XIX (reeditado hace poco por la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y el Instituto Riva-Agüero), que después de Acerca del divorcio (1990) fue mi segundo libro, o con La pluma y la ley. Abogados y jueces en la narrativa peruana (2007 / 2008), que, buscaba cancelar una deuda con la literatura.


2.- Tengo conocimiento que “Historia de Derecho Civil” va por su octavo tomo, ¿Qué lo motivo a realizar tan gigantesca tarea?

Simplemente la ausencia de información histórico – jurídica en el Perú. Advertí la existencia de una gran cantidad de repositorios (revistas, archivos, libros de Derecho, folletos) que no eran estudiados ni por los historiadores en general, por cuanto no conocen los temas jurídicas, ya sea por temor a los asuntos técnicos; ni por los juristas, interesados más en la coyuntura del Derecho positivo. Temía que esa información se perdiera, en especial la de provincias. Alguien tenía que hacer ese trabajo. Le cuento un detalle. Cuando preparamos con mi ex asistente, Martín Baigorria, el librito, “Trinidad María Enríquez. Una abogada en los Andes”, que publicó Palestra, noté que sus biógrafos jamás habían consultado revistas de Derecho, donde se trataba fluidamente su caso, tanto que generó un gran debate no solo en el Cusco, sino a nivel nacional en torno a si las mujeres podían ser o no abogadas. El libro fue hecho con ese material que otros despreciaban.



3.- Leí en un artículo que en la actualidad ha sido usted quien mejor ha construido una sólida historiográfica sobre el desarrollo del Derecho Nacional, al igual que el maestro Basadre en su época, ¿Qué opina de esa comparación?

Me abruma, pero debe advertirse que la obra Basadre no se circunscribe a la historia del Derecho. Son dos sus libros especializados en esa temática: Historia del Derecho peruano (1937) y Fundamentos de la Historia del Derecho (1956), pero se advierte la huella del jurista en toda su producción, lo cual sostengo en "Jorge Basadre, historiador de Derecho," que publicó la editorial San Marcos y que reedita Grijley. Ocurre, por otro lado, que tengo la ventaja de escribir después y con los materiales que suministra la nueva historiografía jurídica, que, desde entonces ha madurado mucho.


4.- ¿Por qué un estudiante de derecho o un abogado debería conocer de historia del derecho, si la tendencia actual es la de especializarse en temas coyunturales?

Debe distinguirse al académico del abogado. El abogado debe conocer el Derecho positivo, pero con sensibilidad histórica, sino será un ingenuo que gira entre el optimismo desenfrenado y la decepción irreductible. Mire, ayer fue el código civil, el código procesal civil, la ley de conciliación, el código procesal constitucional (hoy el código procesal penal, mañana la ley general del trabajo, etc. El abogado es un eterno optimista y un eterno decepcionado. ¿Por qué? No conoce la historia del Derecho. Aumentó la criminalidad con procedimientos garantista, como sucede hoy en Tacna, Trujillo, Huaura y, en unos meses, en Arequipa también. Le aseguro que en muchos casos el nuevo código procesal penal será un fiasco. Donde se halla la respuesta: en el pasado, ese debate ya se dio en el Perú y acabó con un retorno al sistema inquisitivo con el D.Leg. 124, El académico, aún cuando aborde temas de Derecho positivo, está obligado a ser también, si quiera parcialmente, historiador del Derecho, pues, su discurso es también histórico.

5.- En un país como el nuestro, acostumbrado a vivir del pasado y que se arraiga a veces de falacias, que lo transforman en un “pasado glorioso”, ¿Por qué cree usted doctor, que la historia se encuentra como ciencia relegada?

Creo que siempre lo fue. Tampoco creo que de la historia se aprenda, menos aún en el Perú.
No obstante ello, el pasado debe ser estudiado. Escucho, por ejemplo, ahora que es la primera vez que se instala el sistema acusatorio en el Perú, cuando incluso nuestras constituciones contemplaron el jurado. ¡Qué absurdo!.

6.- Como historiador, cree usted doctor es ese dicho popular que “La historia se repite”.

No hay al pie de la letra, pero creo que existen ciclos. Lo observo en las tesis, la legislación y la doctrina. ¿Quién iba pensar que el derecho de superficie retornaría ahora los grandes almacenes? O que se seguiría discutiendo como en el siglo XIX sobre el plazo del arrendamiento, la pena de muerte, la prisión perpetúa, la cárcel por deudas, etc.

7.- ¿Por qué eligió como tema de su primer libro al insigne jurista “Toribio Pacheco”?

Porque lo tenía en mi casa y me servía para mis trabajos en la Facultad y llevaba un membrete de un tío, jurista puneño, Blas Ramos. Le pregunté a Fernando de Trazegnies, un maestro de verdad, si podía hacer una tesis sobre el personaje y me dijo que sí. Fue estimulante. Creo que muchos profesores desalientan a sus alumnos y el talento se acaba. Allí tiene razón Gonzáles Prada cuando asegura que las mejores inteligencias del Perú se pierden en un montón de papel sellado.

8.- Desde su libro “Toribio Pacheco, Jurista Peruano del Siglo XIX”, hasta el último, ¿Cuál es el rasgo que más ha evolucionado en usted?

Tal vez la fidelidad al maestro.. Asumí la tesis de Trazegnies sobre la modernización tradicionalista en el libro de Pacheco, ya no creo más en ella. Pienso que hay muchos más matices.


9.- Según la revista Deutschland, Alemania es el primer país europeo referido a investigación, ¿como influyó su estancia en el instituto Max Planck en su actual actividad?

Notablemente, vivía en el mismo Instituto que me había dispensado una espléndida habitación y me han proporcionado las llaves incluso para consultar material muy valioso. Fue una estupenda estancia, muy enriquecedora. Me sirvió en dos áreas: la teoría y la metodología de la historia del Derecho, pero también para abrirme camino en el medio de los especialistas en esa área. Luego sería el Instituto del profesor Paolo Grossi, en Florencia, la Universidad de Sevilla con Bartolomé Clavero, y después la Robbins Collection del Laurant Mayali en Berkeley. Todas ellas experiencias muy ricas, claro, sin perder de vista las fuentes y la perspectiva peruana y latinoamericana.

10.- ¿Cree usted que ha encontrado ya el “estilo propio” en la producción de su obra?

No lo sé todavía. Tampoco creo que eso se espere de un historiador del Derecho como si de un escritor strictu sensu. Creo, sin embargo, que mi interés gira más en el terreno del Derecho privado, más que en el campo del Derecho público. Si bien lo conozco, académicamente, me ha parecido el primero más sugestivo.

11.- Su trayectoria es extensa y su producción prolífica, ¿Cuál es el siguiente paso doctor?

Me gustaría continuar la saga iniciada con Trinidad María Enríquez. Una abogada en los Andes para estudiar las tribulaciones de las primeras abogadas peruanas como Miguelina Acosta y otras. Debo preparar también una Historia de la Facultad de Derecho de la PUCP y deben salir una Historia de la Corte Suprema y una Historia del Palacio de Justicia. No sé aún si debo publicar el último tomo de la Historia del Derecho civil, pues, tiene mucho de contemporáneo.

12.- De todos estos años de enseñanza, ¿Cuál es su balance personal sobre el tema de la investigación en alumnos de Pre y Post grado de derecho?

Se ve de todo, desde estupendo trabajos que compiten para premios hasta patéticos proyectos de investigación de doctorado que siguen el mal llamado método científico, verdadera bancarrota de la investigación legal en el Perú, que anula la posibilidad de emprender tesis en áreas como la dogmática jurídica, la filosofía, la teoría y la historia del derecho, e incluso la sociología teórica del Derecho.


13.- Para concluir, Borges escribió en “La biblioteca de babel”: “La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres” y usted doctor se dedica principalmente a la investigación y a la historia, especulando, ¿no es una forma de evitar un presente cada vez más caótico?

Suscribo la frase y sin recordarla, no obstante mi afición borgiana. Tal vez esté en lo cierto. Cuando me hallaba en Frankfurt, el profesor Scholz, me decía: “Nosotros los historiadores del Derecho estamos felices en nuestra torre de marfil”. Ahora creo, no obstante, que somos capaces de entender mejor la realidad del presente, de entusiasmarnos menos que los juristas de Derecho positivo con las novedades legislativas.


FECHA DE LA ENTREVISTA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2008

AUTOR DE LA ENTREVISTA JEAN CARLO GONZALO CUBA YARANGA



IURIS VERITATIS PRESENTE EN EL TERCER CONGRESO NACIONAL SPDTSS 2008






Los días 29, 30 y 31 de octubre, en el Auditorio de la Universidad San Martín de Porres sede Chiclayo, se llevo a cabo el III Congreso Nacional: “ALCANCES Y EFICACIA DEL DERECHO DEL TRABAJO: TERCERIZACIÓN, INSPECCIÓN Y DERECHOS COLECTIVOS”, el cual reunió a destacados especialistas en la materia, quienes se encargaron de brindar un evento académico de primer nivel.Como no pudo ser la excepción el Centro de Investigación Jurídica IURIS VERITATIS estuvo presente a través de los miembros integrantes de nuestra institución que asistieron a tan magno evento; quedando en claro una vez mas el deseo aprendizaje y superación académica de cada una de las personas que forman nuestro Centro de Investigación Jurídica.







jueves, 18 de diciembre de 2008

IURIS INTERNACIONAL

En un esfuerzo por enriquecer los conocimientos jurídicos el Centro de Investigación Jurídica Iuris Veritatis busca establecer lazos con reconocidos personajes en el Ámbito Jurídico Mundial; razón por la cual gentilmente el doctor Lucio Pegoraro, ilustre constitucionalista italiano, accedió en escribir un artículo para nuestra Institución; el cual publicamos a continuación:

Vecchio e nuovo nella Costituzione italiana
a 60 anni dalla sua approvazione
La Costituzione italiana rappresenta un testo emblematico, significativo, importante nel contesto del costituzionalismo del secondo dopoguerra: una Costituzione che ha attinto da altre esperienze, ma che a sua volta è stata imitata, che si è imposta quale modello, come ad esempio da parte delle Cortes costituenti spagnole nella seconda metà degli anni ’70, e poi da numerose Costituzioni dell’Est europeo dopo la caduta del muro di Berlino. Una Costituzione che al pari di altre ha sancito la prevalenza del costituzionalismo sulla democrazia formale, basata sul predominio della maggioranza; che ha consacrato dunque la superiorità di un patto fondante, condiviso da tutti o quasi tutti, sulla brutale legge dei numeri che governa le decisioni quotidiane. Un patto, che richiede una sostanziale concordanza su alcuni principi basilari, e la convinzione che le regole del gioco non possano essere alterate, a prescindere da ciò che la Costituzione stessa dica o non dica.
Da sola, nessuna Costituzione è in grado di risolvere i problemi di ciascun ordinamento: essa deve trovare ancoraggio nella cultura politica, e confidare nella capacità delle forze che la attuano, ciascuna esprimendo il proprio indirizzo, di rispettarsi reciprocamente. Ciò è quanto avvenne in sede di Assemblea costituente, la quale, formata da partiti che andavano dal comunista al liberale, condivideva alcuni valori, e dove il consenso era cementato non solo dall’opposizione al passato regime, ma semmai da una visione ideale e prospettica, nella quale l’antifascismo rappresentava soprattutto il rifiuto della negazione della libertà. [V. ad es. E. Opocher, F. Benvenuti, G. Berti, V. Cavallari, E. Gallo (a cura di), Giustizia e Resistenza, Marsilio, Padova, 1977, con scritti, tra gli altri, di L. Paladin, U. Scarpelli, V. Grevi, G. Vassalli, G. Bettiol, G. Neppi Modona, A. Trabucchi, A. Galante Garrone e altri; come pure Aa.Vv., Le idee costituzionali della Resistenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1997.] Per questa ragione, la Costituzione era adatta a far funzionare il Paese, e se oggi si agitano dubbi sul fatto che essa sia in grado di consentirci di governare bene, le colpe non vanno ascritte alla Costituzione stessa, ma alla sua attuazione. Per forza di cose, il testo di una Costituzione deve infatti essere sintetico, enunciare le grandi direttrici; mentre sta poi alla legge, alle convenzioni costituzionali e alla giurisprudenza costituzionale dare attuazione a quanto la Costituzione solo accenna.
È – quella italiana – una Costituzione in cui la rigidità integra la pura e bruta democrazia giacobina, prevedendo un controllo reciproco e un bilanciamento non solo tra i classici poteri dello Stato, ma anche grazie a soggetti collocati fuori dalla tradizionale ripartizione di Montesquieu. Con un Capo dello Stato chiamato a fungere da arbitro tra maggioranza e minoranze, anche la Corte costituzionale gioca un ruolo essenziale tra Governo e opposizione, tra centro e periferia, tra Stato e cittadini. Come accade in molti altri Paesi del mondo, la nostra Corte ha offerto un contributo importantissimo nell’attuazione e nell’interpretazione del testo, dando un senso e attualizzando le sue parole spesso vaghe. Il potere popolare, sia esso esercitato in modo diretto o, come di solito avviene, attraverso la rappresentanza, ha bisogno di freni e contrappesi ulteriori rispetto a quelli inventati dall’illuminismo francese; esige insomma una sorta di potere aristocratico, basato sulla sapienza dei giudici costituzionali, come pure altri poteri non giuridici. Penso a quello rappresentato dalla libera stampa; penso allo stesso potere burocratico, chiamato a dare la sua lettura dei testi normativi; penso al potere economico che, come in tutti gli ordinamenti liberal-democratici, dovrebbe stare separato dal potere politico.
È peraltro – quello della Costituzione italiana – un testo che si colloca a metà strada tra due concezioni, radicate nel dibattito, alimentato nel ’700 in Europa soprattutto da Condorcet, e in America da Jefferson e Paine, sul (denegato) diritto di una generazione a vincolare quelle successive, «dei morti di vincolare i vivi» (Tra i libri più stimolanti in materia v. C. Klein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Puf, Paris, 1996, spec. p. 141 ss.), e dalla contrapposta idea, espressa dal Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti Marshall in McCulloch v. Maryland del 1819 – che «nell’ideare un sistema che pretende di durare nei secoli, non devono essere persi di vista i cambiamenti che i secoli arrecheranno», e dunque le parole della Costituzione «devono (…) adattarsi alle varie crisi delle vicende umane». (Cfr. G. Sacerdoti Mariani, Il “verbo” della Costituzione, in G. Sacerdoti Mariani, A. Reposo, M. Patrono, Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d’America. Duecento anni di storia, lingua, diritto, 2a ed., Sansoni, Firenze, 1991, p. 33.)
Avendo da un lato il modello americano (una Costituzione di pochissimi articoli), dall’altro testi ridondanti, pieni di parole che pretendono di disciplinare tutto, la Costituzione italiana dimostra un sapiente equilibrio tra queste due concezioni, né troppo breve, né troppo lunga, e disciplina in dettaglio alcune cose importanti (specie i diritti), ma in altri punti lascia alla maggioranza parlamentare e alla giurisprudenza costituzionale il compito di adattare e fare evolvere il diritto e, ovviamente, non solo il diritto ma anche la società. È stata concepita perciò come un testo destinato a durare a lungo, proprio perché composto non da regole minuziose, ma soprattutto da apposizioni di principi generali. [V. in particolare U. De Siervo (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, 2 voll., il Mulino, Bologna, 1980.] Una opposta concezione – lo dico incidentalmente – emerge viceversa nella riforma del Titolo V approvata nel 2001: quello che il costituente americano scolpisce con poche icastiche parole, da noi occupa pagine di regole spesso incomprensibili (e il testo bocciato dal referendum del 2006 non era migliore).
L’equilibrio e la sapienza dei Padri fondatori ha origine nel diverso clima politico, di cui dicevo poc’anzi, ma anche nel fatto che nell’Assemblea costituente sedevano, in rappresentanza delle diverse culture (liberali, azionisti, socialisti, comunisti, cattolici), persone come De Gasperi, Orlando, Nitti, Perassi, Croce, Martino, Ruini, Terracini, Sturzo, Basso, Jemolo, Nenni, Pertini, Laconi, Lussu, Calamandrei, Mortati, Togliatti, La Malfa, Dossetti, La Pira, Tosato...
Ci si spiega allora perché il testo abbia retto l’usura del tempo, al punto da configurarsi addirittura, per tantissimi anni, come un tabù, fino a che non si è capito che, in effetti, anche una Costituzione così bella può essere cambiata in certe sue parti, pur essendo considerata in Italia come all’estero una delle più significative del moderno costituzionalismo.
I suoi principi invero sono stati oggetto di studio in varie parti del mondo, e molti Paesi che si sono dati una Costituzione dopo il 1948 ne hanno riprodotto gli stilemi o addirittura, anastaticamente, alcune disposizioni.
Un esempio per tutti è rappresentato dall’articolo 3, comma 2, in virtù del quale l’eguaglianza formale della legge, sancita al comma 1, deve venire integrata e può venire superata dall’obbligo della Repubblica di rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Questo articolo è stato letteralmente clonato nell’articolo 9, comma 2, della Costituzione spagnola e ha ispirato altre Costituzioni successive. In esso si traduce il superamento dell’eguaglianza ottocentesca di cui parla Anatole France ne “Il giglio rosso”, quella «maestosa uguaglianza della legge, che permette al ricco come al povero di dormire sotto i ponti, di mendicare per le strade e di rubare il pane». Un nuovo modo di concepire l’eguaglianza, dunque, fatto proprio (seppure con diverse modalità e rationes) anche dal costituzionalismo liberal-democratico nord-americano, dopo la guerra civile, soprattutto col New Deal di Roosevelt e la “Nuova Frontiera” di John Kennedy.
L’originalità del testo del 1948 sta anche in altre parti, come nella formula del decentramento, con la quale si è cercato di conciliare più anime che convivevano nell’Assemblea: quella cattolica, vocata a sostenere la liberà municipale; l’anima statalista, che permeava altre forze politiche (dai liberali ai comunisti); l’anima federalista ispirata all’insegnamento di Cattaneo. La soluzione “regionalista” di compromesso aveva un precedente in Spagna con la Costituzione del ’31, ma fu nondimeno la prima sperimentazione duratura, tant’è che in seguito, nel ’78, gli spagnoli guardarono all’Italia per introdurre il loro modello di regionalismo differenziato oggi tanto in auge, al punto da essere stato a sua volta copiato da noi, nel 2001, con la nuova formula dell’art. 116, comma 3, e la proposta delle “velocità diverse” per lo sviluppo del decentramento.
Nel 1948, il costituente ha scelto una strada a metà fra il federalismo e l’accentramento di stampo francese-napoleonico, cercando di evitare scelte troppo drastiche e foriere di disequilibrio. Sono convinto che il decentramento non è un valore in sé: è uno strumento per attuare la democrazia o per non attuarla. Ci sono modelli accentrati che funzionano bene (penso a quello francese o anche a quello inglese, fino alla devolution di T. Blair) e funzionano bene pure modelli decentrati, come la Svizzera, gli Stati Uniti o la Germania. Ma nei sistemi decentrati spesso è proprio la Federazione (non gli Stati membri) a garantire i diritti. Negli USA degli anni ’50, un governatore del sud poteva invocare la democrazia nel senso più ristretto, affermando (più o meno): «dato che il 51% degli elettori (bianchi) dice che i neri devono stare fuori dalle scuole; siccome nel nostro Stato siamo democratici; poiché in democrazia decide la maggioranza, ebbene, i neri stiano fuori dalle scuole». Il decentramento può tirarsi dietro anche questi paradossi. Di solito non è così: esso avvicina i cittadini al potere e permette un controllo maggiore, ma non rappresenta una finalità, bensì è strumentale all’uso buono o cattivo che se ne fa.
In materia di organizzazione dello Stato, l’ordine del giorno Perassi ha dato il via libera a una forma di governo parlamentare, escludendo il modello presidenziale (patrocinato, ad esempio, da Tosato). Anche in questo campo bisognava operare una scelta, ed è logico che, in un contesto storico-politico e con un clima culturale così diverso da quello degli Stati Uniti, il presidenzialismo suscitava il timore del ripetersi di esperienze autoritarie.
Non è però nella forma di governo parlamentare che risiede il vizio dell’ingovernabilità del Paese. È nel come è stata interpretata: ci sono forme di governo parlamentari, come quella del Regno Unito, che funzionano bene, come pure ci sono forme di governo presidenziali o semi-presidenziali, come quella francese, che funzionano; in altri casi, non funzionano bene né i governi parlamentari, né quelli presidenziali o semi-presidenziali. Non è dato perciò riscontrare un’equazione parlamentarismo = ingovernabilità, presidenzialismo = governabilità. Il problema è come si attuano i modelli che la scienza comparatistica e costituzionalistica, ma prima ancora l’esperienza, ci propongono. Non accusiamo la Costituzione di aver fatto una scelta di ingovernabilità; accusiamo semmai chi non ha saputo far funzionare, attraverso la legislazione elettorale, i regolamenti parlamentari, le convenzioni costituzionali, il fair-play politico, la legislazione sui partiti, ecc., un modello caratterizzato da un Capo dello Stato neutrale e da un Governo collegato al Parlamento dal rapporto di fiducia. Un modello, che con opportune misure sub-costituzionali altrove opera con successo, assicurando al contempo rappresentanza e governabilità.
Ancora, il costituente si è dimostrato preveggente nell’introdurre la giustizia costituzionale. Come nell’esperienza americana o austriaca, occorreva un custode per la Costituzione, perché avere una Costituzione rigida non serve a nulla se manca chi garantisca che il legislatore non la violi, deviando dai suoi principi e violandone le disposizioni. La scelta è stata però originale: né il modello di giustizia costituzionale austriaco, inventato da Kelsen negli anni ’20 e attuato nella Costituzione austriaca dell’epoca, né quello americano, dove tutti i giudici possono disapplicare la legge incostituzionale. La Costituzione italiana ha optato per una strada intermedia: i giudici non possono disapplicare la legge, ma se hanno un dubbio sulla sua costituzionalità devono rimettere la questione alla Corte costituzionale: una Corte, che si è tradotta nel vero artefice del rinnovamento legislativo, prima facendo pulizia di tutte le leggi dell’epoca liberale e soprattutto fascista, che limitavano i diritti, poi operando sapienti bilanciamenti di valori spesso contrapposti (vita del nascituro e salute della madre, lavoro e impresa, diritti di proprietà e diritti sociali, ecc.), supplendo a un legislatore spesso inerte. Il sistema rappresenta un’invenzione dei nostri Padri costituenti, ed è stato imitato dal Grundgesetz tedesco, poi da molte altre Costituzioni, compresa quella spagnola, da alcune dell’Est d’Europa, e ora anche da alcuni Stati del Messico (Sulla genesi v. G. D’Orazio, La genesi della Corte costituzionale, Comunità, Milano, 1981; sull’esportazione, da ultimo C. Astudillo Reyes, Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordenamientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, Unam, México, 2004).
Come è noto, la Costituzione, tra gli istituti originali, ha inoltre introdotto il referendum, quale correttivo della democrazia rappresentativa. L’attuazione fu tardiva: occorre infatti attendere gli anni ’70 perché la legge che ne stabilisca le regole sia approvata. Il referendum di cui parla l’art. 75 della Costituzione è abrogativo, caso unico al mondo; in tutti gli altri Paesi i referendum sono consultivi o propositivi, e non abrogativi, però il modello ha funzionato fino agli anni ’90, quando l’eccesso di richieste ha disamorato i cittadini, allontanandoli da questo strumento.
Potrei continuare con altri esempi di soluzioni originali a suo tempo introdotte, che hanno dimostrato di poter funzionare per decenni, facendo avanzare il Paese. Per valutarne l’efficacia, in ogni caso, occorre guardare a esse non con gli occhi di oggi, ma con quelli degli anni ’40, per capire se allora ci siano stati errori nell’impianto; ovviamente, non alludo a errori rispetto a parametri di giustizia o a valori metafisici, ma a impostazioni sbagliate secondo canoni tecnici empiricamente verificabili.
Sono convinto che su un punto (e solo o quasi su esso) i costituenti non hanno fatto bene: mi riferisco all’articolo 21, sulla libertà di informazione. Questa disposizione assicura infatti la libertà di manifestazione del pensiero, mentre non garantisce la corretta formazione del pensiero, nel presupposto (evocato da Esposito e Mortati) che il pensiero sia incoercibile. Come scrive Paladin, si tratta di un articolo che guarda al passato, e principalmente si preoccupa di rimuovere i limiti alla stampa posti dal fascismo [V. in particolare L. Paladin (a cura di) La libertà d’informazione, Utet, Torino, 1979.] Ma è un articolo che ha dimenticato Goebbels, ministro della propaganda nazista, Stalin, e il Minculpop. Forse che costoro non riuscivano a convincere le masse attraverso la radio, la stampa, le adunate oceaniche, e così via? Il pensiero è coercibile, come si poteva intuire, anche senza prevedere lo sviluppo della televisione, semplicemente guardando al tragico recente passato, soprattutto all’uso della radio, valutando quanto fosse servita a mobilitare le masse in Russia, in Germania, in Italia, in Spagna. Da questo errore prospettico forse è germinata una distorta concezione dapprima del monopolio statale delle teleradiodiffusioni, poi di un duopolio ancor più malato, che lascia poco spazio alla formazione del pensiero, e non solo e non tanto alla sua manifestazione. Dal canto suo la dottrina ha poi contribuito ad accentuare l’indifferenza per il tema della propaganda: dopo il saggio di G. Lucatello La funzione della propaganda politica nello Stato totalitario e la sua organizzazione negli Stati italiano e tedesco, La Garangola, Padova, 1938, anche in Riv. dir. int., 1939-40-41, ben pochi autori (M. Gobbo, G.L. Gardini) si sono interessati a livello monografico di un argomento che viceversa appare centrale in tutte le liberal-democrazie, ma specialmente in Italia, la quale vive una situazione dell’informazione anomala, condivisa sino a pochi anni fa solo dalla Thailandia (e oggi neppure da questo Stato).
A parte la scarsa preveggenza manifestata nell’elaborazione dell’art. 21 (e forse dell’articolo 49 sui partiti politici), non affiorano altri gravi vizi nell’impianto costituzionale; nel campo dei diritti, ad esempio, l’articolo 17, sulla libertà di riunione, le cui garanzie con una celebre sentenza la Corte costituzionale ha esteso anche ai cortei, quali “riunioni in movimento”, attesta la sensibilità dei costituenti per ogni libertà di espressione, tanto che le riunioni sono state rese limitabili solo per «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Ma egualmente si può guardare alla libertà personale, a quella di circolazione, alla libertà di soggiorno, ecc.
C’è tutto, nella prima parte della Costituzione, dedicata ai diritti e alle libertà. Quanto alla seconda parte, là dove si pensa oggi che è labile, toccava alle convenzioni costituzionali e alle leggi disciplinare la materia adeguandone l’interpretazione ai tempi che cambiano.
Quello che non ha funzionato nella Costituzione non è dunque da imputare a ciò che è scritto nel testo, e neppure a ciò che non è scritto, ma alla lettura che se ne è data nel corso del suo sviluppo. La Costituzione italiana, come ogni altra, ha bisogno del sostegno di un clima culturale, ha bisogno che i principi comuni e condivisi che l’hanno originata continuino a vivere nel tempo, che l’etica politica cementi la lotta politica. Perché la Costituzione funzioni, occorre integrarla con regole non scritte di questo tipo, che probabilmente in quegli anni di poesia esistevano e che dopo, nel tempo della prosa, sono venute purtroppo a scemare. Occorre integrarla poi con legislazione e la riforma dei regolamenti parlamentari, tutt’oggi inidonei a fissare un corretto rapporto fra maggioranza e opposizione, e tanto meno ad assicurare la funzionalità dei lavori della Camera o del Senato.
Quello che resta per lo più salvo è comunque la prima parte, dedicata ai diritti, dove (a parte l’art. 21), la lungimiranza del costituente e la sapiente opera della Corte costituzionale hanno adattato il testo alle esigenze più attuali. Ci sono peraltro due settori, riguardo ai quali occorre forse riflettere sull’inadeguatezza del testo, imputabile a contingenze non prevedibili allora.
Uno è il collegamento dei diritti alla cittadinanza. Nel 1948, dopo l’immane conflitto, nulla poteva indurre a immaginare l’abbandono del criterio di cittadinanza. Oggi, a ben vedere, il criterio di cittadinanza appare veramente obsoleto. Collegata alla nascita dello Stato nazionale decretata con la pace di Westfalia, l’idea della cittadinanza e l’appartenenza a un’entità forgiata sulla base di frontiere nazionali quale status per il godimento dei diritti, in diversi momenti è stata accantonata a favore di altri criteri, in particolare la produzione del reddito. Addirittura, nel “fascistissimo” Testo unico del 1934 che conteneva la Legge comunale e provinciale, il diritto di visione degli atti regolamentari era concesso ai contribuenti del Comune, cioè a chi produceva un reddito, non ai cittadini in quanto tali. Di fronte ai fenomeni migratori, la cittadinanza è un concetto che va rivisto, anche in Costituzione; la riflessione è comune a tutti gli ordinamenti, non solo a quello italiano, e va di pari passo con un’altra esigenza: la riscrittura del concetto di sovranità.
Dopo il 1948 è arrivata l’Europa, che la Costituzione naturalmente ignora, disinteressandosi della dislocazione della sovranità fuori dai confini nazionali, continuando a far leva su un’idea di sovranità che viene erosa dal basso con l’attribuzione di maggiori competenze alle Regioni, e dall’alto con l’attribuzione delle decisioni su interi settori strategici all’Unione Europea.
Cittadinanza e sovranità rappresentano due pilastri nella costruzione dello Stato moderno e della dommatica a esso relativa. In relazione a essi, la Costituzione sente l’usura del tempo non per colpa dei Padri costituenti ma per l’emergere di nuove non prevedibili evoluzioni.
Un ultimo profilo ignorato dai costituenti ma – cosa assai più grave – anche dal potere di revisione e dal legislatore, riguarda l’ipertrofia legislativa, l’accavallarsi di leggi, speciali, particolari, settoriali, il caos normativo che getta nell’assoluto sconcerto il cittadino che si accosta ad esse, come denunciava Uberto Scarpelli. Non si tratta di un problema solo italiano, ma che in Italia è particolarmente grave. Una legge oscura (V. il libro di M. Ainis intitolato La legge oscura: come e perché non funziona, 2ª ed., Laterza, Roma, 2002), rappresenta una illegittima e incostituzionale delega di potere, una violazione del principio di separazione dei poteri, perché se a decidere non è il legislativo, decidono in sua vece, evidentemente, il potere esecutivo, la burocrazia, oppure il potere giudiziario. In questo campo, la Costituzione spagnola è stata preveggente, contemplando un articolo a tutela della certezza del diritto. Si tratta di un tema centrale, avvertito dai cittadini ma ignorato dalla classe politica come lo fu dai costituenti italiani, i quali però operavano in un clima in cui il riferimento era ai Parlamenti ottocenteschi, chiamati a scrivere, come scriveva Voltaire, «poche e concise leggi» e che quindi non potevano prevedere la profluvie legislativa che ci avrebbe sommerso negli anni successivi. In conclusione, senza enfatizzare l’intangibilità del testo, sono convinto che, neppure, esso sia totalmente da riscrivere. Tutt’altro: nella sua struttura portante, la Costituzione italiana è considerata da tutti i comparatisti del mondo, se non la più bella, una delle più belle, ed è un merito di quei nomi citati sopra l’averci consegnato un testo che ha consentito all’Italia di svilupparsi democraticamente per sessant’anni.

60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; se llevo a cabo en nuestra ciudad de Arequipa en las fechas 14, 20 y 21 de noviembre los Foros: “Derechos Humanos y Políticas Públicas Regionales” y “Derechos Humanos en el Mundo y el Plan Nacional de Derechos Humanos.”; el cual fue organizado por el Centro de Investigación Jurídica Iuris Veritatis; conjuntamente con otras importantes Instituciones como VODESPA; Colegio de Sociólogos de Arequipa, Colegio Regional de Obstetras IV Arequipa; Lazos Sin Fronteras; MCLCP; Asociación de Escuela Cristiana y Familia; CEDE MUJER, Amnistía Internacional; Red de Promoción a la Mujer entre otras.
De esta manera el Centro de Investigación Jurídica Iuris Veritatis demuestra una vez más su labor académica y compromiso para con la sociedad arequipeña; siendo que es fundamental realizar eventos de esta naturaleza para informar a las autoridades como público en general de temas de vital importancia como son los de Derechos Humanos que fueron tratados en estos Foros.

lunes, 1 de diciembre de 2008

Administrativo

CERTIFICADOS DEL SEMINARIO
Se comunica a todos los asistentes del Seminario de Derecho Comercial y Laboral que los certificados del mismo ya estan listos para ser entregados conjuntamente con su material adicional, para cualquier información escribir al correo de Iuris Veritatis iuris.veritatis@gmail.com o iuris.veritatis@hotmail.com , esto con el fin de poder entregarselos.
Los organizadores

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