LA MINERIA VS UN FUTURO INCIERTO

Por: EDDY FLORENTINO HUAMAN VALDIVIA

En la actualidad, con el desarrollo logrado por la industria minera en nuestro país y en la coyuntura de atraer inversiones e incremento económico, se han dejado de lado todos los efectos contrarios y perjudiciales al medio ambiente, repercutiendo en la salud de poblaciones aledañas a campamentos mineros.

Es dentro de este marco que el ente minero, previo al inicio de cualquier actividad de extracción debe presentar el respectivo ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) el mismo que contiene un análisis tecnificado y científico de la zona comprendida para la extracción, así como los resultados positivos y negativos que incidirán en la población y el ambiente del cinturón social entendido.

Esto ha llevado a sugerir que los proyectos de explotación minera deben contener medidas (STANDARES) para que la población adyacente pueda participar activamente en su propio desarrollo, estos principios constituyen los elementos básicos del plan de desarrollo local.

¿Pero como lograr un desarrollo auto sostenido siendo participes en el mismo el binomio empresa-población?, si muchas veces la primera no respecta el marco legal que se le atribuye citando una de varias normas como ejemplo la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 353-2000-EM/VMM, mediante la cual el legislador a tratado de contrarrestar los desastres producidos por las grandes corporaciones mineras en el país; en el supuesto de incumplirse la norma ambiental y como consecuencia de ello ocasione una catástrofe climática, la empresa será multada con un promedio de 10 UITs por cada recomendación infringida, llegando a un límite de 600 UITS, esto en líneas generales simplemente es un menoscabo mínimo a los ingresos que percibe las empresas mineras anualmente que bordean la suma de 300 millones de dólares, adicionalmente se puede cerrar la empresa de forma temporal, la misma que podrá interponer un recurso de amparo y reiniciara sus actividades sin demora alguna.

En los últimos años la expansión que ha tenido la actividad minera debido a las grandes inversiones hechas por compañías extranjeras y nacionales en el país, contribuyen al desarrollo social y económico por medio de los impuestos aportados al tesoro público, las divisas que se generan y otras contribuciones; pero no siempre, los efectos positivos de esta actividad se ven a un nivel regional o local.

Contrariamente, el medio ambiente y la población circundante de la operación minera suelen ser perjudicados por los efectos negativos de dicha actividad, siendo los pobladores testigos de facto ante las consecuencias provocadas por las extracciones mineras previas a la mitigación del daño producido, y del progreso y desarrollo logrado a nivel nacional, no gozando ni viendo reflejado tal patrimonio en su realidad hallándose los efectos positivos distantes para los mismos, viviendo bajo condiciones precarias con un marcado aislamiento social, cultural y económico de la comunidad nacional.

Por lo anterior deben implementarse medidas para impedir o atenuar impactos ambientales resultantes de operaciones de extracción y procesamiento minero ( descarga de efluentes, manipuleo de residuos sólidos, emisiones al aire, etc.), siendo obligación examinar las disposiciones de mitigación que se efectúen para reducir el impacto futuro posterior al cese de las operaciones mineras y de procesamiento, existiendo la importancia de preservar los recursos naturales de la tierra y medio ambiente, junto a la necesidad de promover el desarrollo social de los habitantes comunales que viven cerca de las operaciones mineras.

Por otra parte el porcentaje de canon que reciben los diferentes poblados favorecidos comprendidos dentro de un marco distrital o provincial deberían utilizarse de manera adecuada y responsable siendo destinado a gastos de inversión previa aprobación de los planes de desarrollo del sector y evaluar los proyectos de inversión por el sistema nacional de inversión pública SNIP de esta manera se creara una conciencia ambiental dentro del trinomio de población, inversionistas mineros y estado