Coyuntural

FUJIMORI EN TRES ACTOS

PRIMER ACTO
El ajedrez político generado por el multifacético Alberto Fujimori desde su huida en el año 2000 hasta la actualidad, incrementa las dudas acerca del rol del derecho y el papel que juega la diplomacia.
Cuando a principios de los 90’s Fujimori postuló a la presidencia y el sombrío esquema del outsider triunfador cobraba vida, el país entero aseguraba que el candidato era peruano, siendo ello un requisito esencial para optar por la presidencia. Tuvieron que pasar algunos años para que su biógrafo Johanovich sembrara la duda acerca del origen real de Fujimori, lo que por entonces sonó absurdo y tomado como una calumnia de sus detractores. Previo autogolpe y modificación a la medida de la Constitución, aún se creía que era peruano y fue elegido por segunda vez; sin embargo, finalizando el milenio una investigación periodística trajo el tema nuevamente a colación, pero las pruebas desaparecieran misteriosamente. El tiempo fluyó lentamente hasta el fraude descarado del año 2000 y su posterior renuncia por fax a la presidencia de la República.
Escondido en Japón fue acogido por el gobierno nipón, considerado un héroe por el rescate a su embajada en 1997. Desde su refugio es donde vemos la mutación de nacionalidad de Fujimori y la ignominia.
La diplomacia y el Poder Judicial quisieron iniciar el proceso de extradición, basado principalmente en crímenes de lesa humanidad y corrupción. Conocido por toda la nación peruana, aunque convertido en eufemismos por sus partidarios, el plan del “ahora” ciudadano japonés era la prescripción de los delitos y casi lo logra. Japón no extraditaría a Fujimori. Perú iba a optar por acudir a la Corte de la Haya para que difiriese el asunto, pero no fue necesario, ya que el extraditable regresó a Latinoamérica. No sabemos porqué lo hizo, para algunos fue un acto imprudente; para los que gustan creer que es un maestro de la estrategia política, afirman que estaba fríamente calculado; de igual forma INTERPOL le pisaba los talones, arribó a Chile y en Santiago lo capturaron.
SEGUNDO ACTO
Año 2005: El Perú tenía nuevo presidente. Esta vez se inició el procedimiento de Extradición con Chile, país caracterizado por la autonomía de su Poder Judicial, y el acusado estaba con arresto domiciliario. Desde entonces la estrategia Fujimorista fue mostrarlo como un perseguido político con gran aceptación en varios sectores de la sociedad peruana, pero el peso real estaba solapado en el gobierno japonés, que si bien no lo defendía expresamente, por gestos poco sutiles y conversaciones implícitas, el apoyo a su nuevo compatriota era evidente. La suspicacia generalizada fue el verdadero interés de Fujimori y su relación con el Gobierno Nipón; aun así un considerable porcentaje de obstinados continuaba confiando en él.
Pasaron lo meses y en el 2007 se consiguió el primer resultado. En mayo del presente año, Torre Tagle tuvo la noticia esperada. La Fiscal Suprema chilena Mónica Maldonado, recomendó la extradición de Fujimori, al afirmar que existía presunción razonable de la comisión de los delitos imputados al extraditable, en mérito a numerosas pruebas presentadas que daban fe de ello, por lo que debía seguírsele un proceso penal en Perú. La justicia chilena parecía un órgano por demás imparcial y sin la contaminación de la política. El Fallo que dictaminara la extradición de Alberto Fujimori, Ken Inmoto, o Kenya Fujimori, parecía cuestión de días.
TERCER ACTO
La figura del juez Orlando Alvarez comenzó a ser familiar; para muchos interesados la imagen del bien o del mal, dependiendo de la perspectiva de cada quien. Sí, era Alvarez, aquel que falló en forma favorable a la no investigación de las cuentas en el Banco Ritz del dictador Pinochet; hombre de derecha conservadora; sería él quien definiría la esperada extradición. La subjetividad para un juez es una diatriba y sólo quedaba esperar.
Cuando todo parecía volver al curso normal, en una especie de enroque Fujimorista desesperado, llamó la atención Shizuka Kamei, secretario general del Nuevo Partido del Pueblo, que invitaba al extraditable a participar como candidato al senado japonés, mayor injerencia imposible. Fujimori aceptó, puesto que de ser elegido, gozaría de inmunidad parlamentaria, burlando así a la justicia. Inverosímilmente, todavía existen peruanos que creen en él y defienden sus actos.
El 11 de julio del 2007, retumbó el rechazo a la extradición, removiendo los cimientos de la Procuraduría. ¿Era posible? El magistrado Alvarez actuó como si fuera el juzgador del proceso penal de los delitos imputados, desestimando toda acusación por no estar demostrados los mismos, cuando ello debe verse durante la instrucción, confundiendo su rol y olvidando el deber de merituar si existían presunciones suficientes para otorgar la extradición de Fujimori.
Increíble, pero cierto. El proceso de extradición se da entre dos Estados vinculados por un Tratado, basado en el principio de cooperación internacional, para reprimir delitos sobre todo si éstos son de lesa humanidad, por lo que es expresamente jurídico y procesal, basado en el Derecho Internacional Público y en la autonomía del Poder Judicial; pero al parecer, pesó más el poder político y el tráfico de influencias en el caso mencionado. Perú ha apelado, y pretende interponer Queja en contra del Juez Alvarez por copiar textualmente en su fallo parte de la defensa de Fujimori, no respetar el principio de la doble incriminación, y pronunciarse sobre temas de fondo que no le correspondían. Es difícil imaginar cuál será el desenlace final, pero lo que a la fecha se puede afirmar, es que Fujimori perdió las elecciones en Japón, y hay un problema menos de qué preocuparse, al no haber opción a intromisión del gobierno nipón por la inmunidad parlamentaria que hubiera obtenido Fujimori.

Centro de Investigación Jurídica Iuris Veritatis
Quinto Año – Derecho
UCSM